En Filipinas, la adicción se ha considerado durante mucho tiempo un delito, por lo que a menudo se aborda mediante el castigo en lugar de la atención médica. Pero ahora, los expertos en salud y los funcionarios del gobierno piden que se trate como un problema de salud pública y que los centros de rehabilitación de adicciones sean una prioridad como parte del sistema nacional de salud.

El Dr. Alfonso Villaromán, jefe del hospital del Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Bicután, dijo que la adición de la instalación es oportuna. En 2023, señaló que miles de filipinos necesitan rehabilitación, pero solo hay 32 centros administrados por el gobierno en todo el país, cada uno con 100 camas cada uno.

Eso significa que solo se pueden admitir alrededor de 3,200 pacientes, lejos del número real que lo necesitan. Villaroman agregó que hay escasez de profesionales calificados. Hay muy pocos psicólogos, enfermeras y médicos del gobierno que practiquen el tratamiento de la adicción. También señaló que solo hay alrededor de 200 trabajadores sociales que se especializan en adicciones, lo que debilita aún más la capacidad del sistema para brindar servicios adecuados.

El Departamento de Salud (DOH) ha reconocido las deficiencias. En 2023, la subsecretaria Charade Mercado-Grande dijo que no todas las provincias tienen centros de tratamiento y rehabilitación, a pesar de que existe un mandato en virtud de la Ley de la República No. 9165 de que todas las provincias deben tener uno.

Explicó que, si bien las redes de derivación están funcionando, la falta de instalaciones sigue siendo un desafío en muchas áreas. También destacó la necesidad de fortalecer los centros existentes y sugirió una capacitación estandarizada para todos los CVR del país para mejorar el servicio.

Una de las instalaciones controvertidas es el Mega Centro de Tratamiento y Rehabilitación para el Abuso de Drogas en Nueva Écija. Fue construido para acomodar hasta 10,000 pacientes, pero a partir de 2016, solo 3,200 residentes han sido atendidos.

En 2017, el expresidente de la Junta de Drogas Peligrosas, Dionisio Santiago, calificó al centro como un error, favoreciendo programas comunitarios más pequeños que son más asequibles y más prácticos.

Sin embargo, ha habido un progreso positivo de los programas piloto del DOH y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas iniciativas se centran en modelos de atención voluntaria que respetan los derechos de los pacientes y ofrecen tratamientos no residenciales. En 2021, el representante de la OMS, el Dr. Rabindra Abeyasinghe, informó que estas clínicas de recuperación alcanzaron una tasa de finalización de más del 90%, un testimonio de la eficacia de un enfoque compasivo y basado en la evidencia.

Para 2025, la psicóloga clínica Dra. Mia Santos, que trabaja con adictos en recuperación en Metro Manila, insiste en que la rehabilitación no debe terminar solo con la desintoxicación. Dijo que los programas que apoyan la reintegración, la curación emocional y la restauración de la dignidad son importantes, porque la adicción es una condición médica que merece ser tratada con atención y sistemas adecuados.

El gobierno lanzó la campaña BIDA (Buhay Ay Ingatan, Droga'y Ayawan) en 2023 para promover la prevención y la participación de la comunidad. Pero los expertos dicen que sin más fondos, capacitación estandarizada y un acceso más amplio a los centros de tratamiento, el impacto será limitado.

A medida que el país continúa lidiando con el impacto de las políticas de drogas previamente punitivas, los defensores de la salud piden claridad: la adicción debe tratarse como un problema de salud pública y la rehabilitación debe centrarse en la atención, no en el castigo.